| Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre Software Libre | ||
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La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Puigcercós) sobre medidas para la implantación del software libre en la Administración del Estado. (Rumores.)
Adelante, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, antes que nada permítanme... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Un momento, señor Puigcercós.
Señorías, se encuentra un diputado en la tribuna intentando hacer uso del derecho que le asiste de defender una proposición de ley. No hay posibilidad en la Cámara de que pueda ser oído. Ruego a SS.SS que quien quiera desalojar el edificio lo haga y quienes no lo hagan, por favor, permitan la intervención del diputado Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, antes que nada quiero mostrar nuestra total condena al atentado que ha costado la vida hoy a un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado y ha malherido a otros dos; tres seres humanos, en definitiva, que cumplían con su deber. Nuestra condena, pues, al terrorismo es total y firme, sea en Euskadi en este caso, en Cataluña o en cualquier otra parte del mundo.
Esquerra Republicana de Cataluña presenta hoy en este Pleno una proposición de ley que tiene como fin la implantación del software libre u openfree software en las diferentes administraciones del Estado y la coordinación necesaria con los diferentes niveles o comunidades autónomas en este caso, sobre todo con aquellas que tienen lengua propia diferente de la castellana, como es el caso que represento, el caso de Cataluña.
Cuando el 24 de mayo de hogaño Esquerra Republicana de Cataluña registró esta propuesta lo hacía con un doble motivo: en primer lugar, porque la generalización de este sistema operativo, el software libre, soluciona uno de los problemas más acuciantes para las lenguas y culturas en fase minoritaria o, en el caso del catalán, en fase de normalización. El software libre ofrece la posibilidad de salvar los obstáculos que la ley del mercado impone. Demasiadas veces se nos ha dicho también en esta Cámara que si un grupo multinacional decide lanzar su producto en las lenguas más importantes por peso demográfico, es decir, en inglés y en español, es por la lógica del mercado y la rentabilización óptima de la inversión inicial en el producto ante un número tan grande de potenciales clientes. Esta situación perversa para las otras lenguas -el caso del catalán, el gallego o el euskera- se produce frecuentemente en el ámbito audiovisual, en el informático y en general en las industrias culturales. En el campo informático vale la pena reseñar las grandes inversiones que el Gobierno catalán ha tenido que hacer a grupos multinacionales, básicamente uno, para que sistemas operativos o programas concretos fueran también en lengua catalana. No es ningún secreto que Microsoft hoy en día acapara buena parte de estas licencias. Paradójicamente, la Administración catalana destinaba tiempo y bastantes recursos en adquirir licencias a un grupo multinacional, Microsoft, en lugar de destinarlos a la implantación o promoción de la normalidad de los usos del catalán en los ámbitos informáticos, en el ámbito social en general. De ahí nace esta propuesta, una propuesta que ya presentamos en su momento en el Parlamento de Cataluña, ya que con el método del software libre la traducción de sistemas operativos y programas no implica pagar licencias y la inversión en la traducción es más bien modesta. El tránsito, el cambio de un modelo operativo a otro también es modesto.
Detrás de esta voluntad de que todas las lenguas del Estado tengan allanado su camino hacia la plenitud de su uso social, esta propuesta conlleva grandes ventajas para aquellos países, sociedades, administraciones y usuarios que la deseen utilizar; ventajas que podríamos sintetizar en cuatro puntos: seguridad, privacidad y protección de los datos, optimización de la inversión, fomento de la innovación tecnológica e independencia del proveedor.
¿Qué es, en definitiva, el software libre? El modelo de sistema operativo para informática y también de programas informáticos que es cien por cien libre en cuanto a licencia de uso, distribución y modificación. Otorga a sus usuarios la libertad de ejecutarlo para cualquier propósito, copiarlo, distribuirlo, estudiarlo, incluyendo siempre el acceso a su código-fuente, mejorarlo y hacer públicas estas mejoras para que pueda beneficiarse todo el mundo. Se trata de evitar caer en la situación de monopolio o de oligopolio que unos pocos grupos multinacionales han tejido con sus sistemas operativos y programas por los que hay que pagar una licencia. Son los llamados software de licencia propietaria. Es un software sujeto a varias limitaciones. Se debe pagar la licencia, es decir, se compra, se está sujeto a limitaciones técnicas de esos programas y a las que la licencia impone y en este caso a las incompatibilidades con otras marcas u obsolescencia de un producto al dejar de producirse. El software libre no excluye el software de licencia propietaria, sino, todo lo contrario, puede completarlo o hay que integrarse. De hecho, en este proyecto de ley se hace mención explícita en el artículo 6. En el software libre estas limitaciones no existen, ya que todo está disponible en forma de código-fuente abierto, por lo tanto, todo el mundo puede acceder y emplearlo como quiera.
En 1991 vio la luz la primera versión del sistema operativo desarrollado con el nombre de GNU/Linux, que de ahora en adelante llamaremos Linux. Desde entonces, y con la colaboración de miles de usuarios, se han ido desarrollando gran cantidad de programas y de actividades basados en este concepto, un proyecto que se vio estimulado y reforzado por la irrupción de Internet, ya que los servicios de este (la web, el correo, la transferencia de base a todos los servicios de Internet y la transferencia de archivos) sólo son posibles con los llamados protocolos libres, es decir, la misma filosofía del software libre: informática pública, información pública. La prueba de fiabilidad y la superioridad del software libre ante los de licencia propietaria en el ámbito de Internet es que más del 70 por ciento de los servidores de web del mundo están basados en el sistema Linux y demás software libre. Las ventajas que ofrece hoy la aplicación del software libre en las administraciones públicas son importantes: en primer lugar, la seguridad, la protección de los datos y el derechos a la privacidad. Son muchos los casos que los software de licencia propietaria han establecido, ya que permite al usuario la inspección completa y exhaustiva del mecanismo de procesamiento. Hoy los programas de licencia no son examinables y es imposible saber si el programa cumple con su función o si además incluye vulnerabilidades intencionales o accidentales que permitan a terceros acceder indebidamente a los programas o a los sistema operativos o que impidan que los usuarios legítimos de la información puedan usarlo. Si hay revisiones e inspecciones, se evitan llamando a las puertas traseras o desviaciones. No en vano, organismos como la NASA y muchos grupos multinacionales optaron por ese sistema. Se evita, pues, el riesgo de filtración, de posibilidad de acceso y de manipulación.
En segundo lugar está la optimización de la inversión. Así como en los software de licencia propietaria gran parte de la inversión económica recae sobre el coste de licencia del producto, que sólo beneficia a la empresa productora del programa, en los software libre no hay coste de licencia debido al derecho de copia que la licencia de software libre otorga y tiene como efecto que los programas son gratuitos o de coste mínimo. De llevarse a cabo la implantación en la Administración, implicaría un ahorro importante. Son muchos los millones de euros que gastan las diferentes administraciones -estatal, autonómica y local- en la compra de programas y sistemas operativos y el consiguiente pago de licencias. Este ahorro facilitaría poder invertir mucho mejor en los programas de informática de los centros escolares e incluso mejoraría la atención a los ciudadanos, pero hay otra ventaja consustancial, ya que el sistema abierto que ofrece implica que todas las mejoras que se realizan no tienen restricciones. Cualquier empresa, institución u organismo se puede beneficiar de las mejoras o innovaciones introducidas. Actualmente con las empresas de licencia propietaria estas mejoras no se pueden realizar o quedan en manos de la empresa propietaria.
En tercer lugar mencionaré el fomento de la innovación tecnológica, el desarrollo local. Con la implantación de esta propuesta de software libre se fomenta el desarrollo local, ya que al disponer del código-fuente de la aplicación se pueden realizar mejoras, adaptaciones y variaciones en vez de tener que pagar de nuevo licencias, proyectos y productos a los grupos multinacionales que monopolizan los sistemas operativos y programas de licencia. Sólo se logra rompiendo este monopolio, que ofrece productos y sistemas bloqueados y que secuestra el desarrollo local, impidiendo el I+D en este ámbito. Con el software libre se contribuye a la formación de profesionales en nuevas tecnologías y al desarrollo local bajo nuevos propios planes estratégicos. No en vano, aquellos países que han apostado decididamente por la creación de sus propios medios de crecimiento y desarrollo optan cada vez más por este sistema.
En cuarto lugar proponemos la independencia del proveedor. Las condiciones del mercado son a favor del proveedor; claramente puede suceder algo diferente con las empresas y las multinacionales. Al disponer del código-fuente del programa, cualquier profesional o empresa con los conocimientos suficientes puede desarrollar y mantener servicios para nuestra aplicación, no así en el caso de los software de licencia propietaria. Sólo la empresa puede darnos los servicios, y tampoco estamos sometidos a las condiciones de mercado, a la perennidad de los productos que las empresas de licencia propietaria nos ofrezcan. Para que nos entendamos, los cambios rápidos de programa de las grandes multinacionales, las estrategias y los productos que dejan de comercializarse no afectan a los usuarios del software libre. Ofrece, pues, una garantía de continuidad.
Para concluir, esta proposición nos ofrece la posibilidad de solucionar un problema lingüístico, como decíamos al principio, para aquellas lenguas minoritarias, ya que ahorra recursos y facilita la traducción de programas. Es una gran oportunidad para situaciones como las de la lengua catalana que, si bien se ha adaptado bien a las nuevas tecnologías, tiene graves problemas en el mercado. No se pueden introducir criterios de libre mercado en lenguas y culturas que no pueden competir por razones demográficas obvias. Más allá de esta ventaja existen un buen número de argumentos para que las administraciones públicas adopten este método de sistema operativo y programas, ventajas que repercuten doblemente sobre los usuarios y la Administración: seguridad, ahorro, independencia y desarrollo. En el fondo, el software libre implica una liberalización a escala global, ya que se cercena el monopolio que los grandes grupos multinacionales han creado sobre el desarrollo de la informática, un monopolio que mantiene cautivos a muchos países, sociedades y usuarios y que les impide su desarrollo tecnológico y, como ya sabemos, la democracia es enemiga de monopolios y mercados capturados, mercados cautivos. Sin desarrollo técnico global no hay libertad ni democracia. Sin el respeto a las lenguas y a las culturas minoritarias tampoco existe. La información y la informática tienen que estar al servicio de todos. No en vano países como Brasil o China han asimilado el sistema Linux, pero en otro extremo. La mismísima Administración de la República Federal Alemana está haciendo lo mismo. No tan lejos el Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de España parece que va a asumir este sistema y la Junta de Extremadura también lo ha hecho en el programa de red de extensión escolar.
Se trata de que esta Cámara acepte iniciar el trámite parlamentario de este proyecto de ley. Un proyecto de ley con 12 artículos, que busca promover la implantación del software libre en las administraciones públicas y que facilite el acceso para que las lenguas minoritarias, en este caso las otras lenguas no castellanas del Estado (el catalán, el gallego y el euskera) tengan un mejor desarrollo a partir de esta ley. Una ley, en definitiva, que promueve en sus artículos la coordinación y la cooperación con otras instituciones no gubernamentales para el desarrollo de ese sistema, en definitiva, de software libre.
Por estas razones, el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña invita a los demás grupos a que se sumen a esta iniciativa, a que se permita el desarrollo de este proyecto de ley, a iniciar el trámite, porque con la aplicación y la ampliación del software libre sale ganando la democracia, sale ganando la seguridad, la independencia, pero, sobre todo, sale ganando el desarrollo local tecnológico. Estamos convencidos de que esta propuesta no va a caer en saco roto. De hecho, cuando se presentó en el mes de mayo ninguna administración del Estado había asumido este sistema, pero vemos que ahora el Ministerio de Administraciones Públicas ya ha hecho una opción. Creemos que tendría que ser toda la Administración del Estado, en coordinación con las comunidades autónomas y con los entes locales, la que pusiera en marcha la aplicación, la ampliación y el desarrollo del software libre en el sistema informático.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA(Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Puigcercós.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre de mi grupo para decir que vamos a votar a favor de esta proposición de ley que nos trae a la Cámara el señor Puigcercós, en nombre del Grupo Mixto. Esta proposición tiene como objetivo realizar los cambios legales necesarios para que la Administración general del Estado no siga adquiriendo programas de ordenador de proveedores privados que cobran licencias por la instalación del software. Tal como plantea la proposición, utilizando software libre o gratis, Linux o similares, la Administración puede ahorrar dinero en programas que pueden dedicarse a otras partidas relativas a la informatización de los servicios públicos, mejorando y abaratando la gestión pública. Pensamos que, si se acepta el trámite parlamentario, a lo mejor podríamos mejorar con enmiendas esta proposición de ley; no obstante, lo que plantea el Grupo Mixto no sólo se debería aplicar a la Administración general del Estado sino a todas las administraciones públicas del Estado español. No sé si el Grupo Popular va a votar a favor de esta propuesta pero, en todo caso, me atrevería a preguntarles: si las administraciones públicas deben realizar sus misiones sometiéndose a los principios de eficacia, economía, eficiencia y calidad, según la Constitución y la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas, ¿cómo podrían justificar ustedes como grupo parlamentario y cómo podría justificar el Gobierno el hecho de gastar más para obtener productos idénticos, encareciendo con ello los servicios públicos cuando podrían ustedes abaratarlos en realidad? No creo que el Grupo Popular se permita hoy negarse a utilizar las ventajas de las nuevas tecnologías y de la sociedad de la información para mejorar y abaratar el coste de los servicios de las administraciones públicas. Esperamos, cómo no, que esta iniciativa del señor Puigcercós sea admitida a trámite. El Grupo Popular lo tendrá difícil para responder a estas dos últimas preguntas, que seguramente nos hacemos todos hoy en esta Cámara, sin contravenir el espíritu de la propia Constitución y el de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas. Por tanto, anunciamos el voto favorable entendido como un voto de apoyo a la tramitación parlamentaria, sin perjuicio de matices o de posibles enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para tratar de mejorar esta iniciativa.
Nada más, presidenta. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, ante la proposición de ley que hoy nos presenta Esquerra Republicana de Catalunya a través de su diputado Joan Puigcercós, mi grupo parlamentario quiere, en primer lugar, destacar que comparte plenamente lo que es el enunciado genérico de la proposición de ley: medidas para la implantación del software libre en la Administración del Estado -se entiende que en la Administración general del Estado. Mi grupo comparte que deban adoptarse medidas que impulsen este software libre. ¿Por qué? Porque el software libre -lo decía en su intervención el señor Puigcercós- permite a los usuarios, frente a lo que sería un software comercial o de propietario, que examinen, modifiquen, redistribuyan el código-fuente de los programas. Ello puede tener una gran aplicación, por ejemplo, en Cataluña donde tenemos una lengua oficial propia como es el catalán para ayudar a que esté mucho más presente en el ámbito de la Administración -evidentemente, en el País Vasco el euskera y en Galicia el gallego-. Puede ayudar, por tanto, compartimos este objetivo. También somos conscientes desde Convergència y Unió de que en cada momento se debe optar por aquel sistema que, atendiendo a las circunstancias concretas, resulte más idóneo valorando también la potencia y la capacidad. En definitiva, debemos optar en cada momento por el sistema que sea más eficaz. Repito: compartimos esta voluntad de impulsar el software libre.
Dicho esto, señora presidenta, señorías, quiero recordar al señor Puigcercós que precisamente a través de una interpelación de Esquerra Republicana de Catalunya en el Parlamento de Cataluña y a la moción subsiguiente, el Parlamento de Cataluña pudo aprobar por unanimidad el pasado 28 de junio una moción que va en esta línea. Por tanto, allí, en el Parlamento de Cataluña, también había una gran coincidencia en este aspecto. Mi grupo hoy no puede votar favorablemente esta proposición de ley por el articulado concreto que se nos somete a votación. Creemos con toda sinceridad que Esquerra Republicana no quería plantear un articulado así, estoy convencido; el hecho es que leyendo el texto que hoy se propone a votación -si lo tomáramos en consideración sería el texto que deberíamos aplicar, aunque evidentemente se harían enmiendas-, vemos que, señor Puigcercós, atenta claramente contra las competencias de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tenemos una competencia exclusiva, que claramente queremos garantizar -y estoy convencido de que el señor Puigcercós también-, que es la facultad de autoorganizarnos. Esa competencia de autoorganización implica que no podemos aceptar desde Convergència i Unió que a través de una ley estatal se realice un mandato imperativo a la Administración autonómica, al Gobierno autonómico, diciéndole concretamente de qué forma tiene que contratar, de qué forma tiene que realizar los concursos, obligándole a realizarlos de una determinada manera, obligándole al decir, por ejemplo, como en el artículo 2 de la proposición que hoy nos presenta Esquerra Republicana: «...los respectivos gobiernos autonómicos darán prioridad y patrocinarán la producción del software libre y la correspondiente documentación...» ¿Esto lo tiene que decir una ley aprobada en las Cortes Generales o lo tiene que decir una ley catalana para Cataluña, una ley vasca en el Parlamento vasco? ¿Es una ley de esta Cámara la que tiene que mandar esto a los ejecutivos autonómicos? Por ejemplo el artículo 3, señor Puigcercós, dice: Los gobiernos de las comunidades autónomas con lenguas oficiales distintas del castellano estarán obligados a utilizar preferentemente en sus sistemas y equipamiento informático software libre. Comparto esa necesidad de implementar el software libre, pero no puedo compartir que a través de una ley de esta Cámara se mandate al Ejecutivo autonómico, se le obligue a realizar esta actuación. Este matiz es para nosotros muy importante -creo que también para el señor Puigcercós lo es y estoy convencido de que en el ánimo de su grupo no estaba plantearlo en estos términos- y provoca que esta proposición de ley no pueda recibir el voto favorable de mi grupo parlamentario, que se va a abstener.
Quien le ha redactado la proposición de ley al grupo de Esquerra Republicana no quería incurrir en lo que es una clarísima vulneración de competencias autonómicas, de competencias exclusivas como es la facultad de autoorganizarnos. Lo decía el señor Puigcercós y yo lo comparto: Planteemos esto en el Parlament de Cataluña, donde aún hay pendiente una iniciativa de su grupo, es allí donde debemos plantearlo para la Administración catalana. Repito: mi grupo no puede aceptar, a través de una proposición de ley que se aprobaría en estas Cortes Generales, que se obligue a un gobierno autonómico a realizar esta actuación cuando es competencia exclusiva de ese gobierno autonómico, aunque acepta -repito- el principio, la necesidad de impulsar medidas que favorezcan la implantación del software libre, en este caso en el ámbito de la Administración general del Estado.
Quizá, señor Puigcercós, hay una clara diferencia entre el título de su proposición de ley, que compartimos, y lo que es su articulado, que no habla de la Administración general del Estado únicamente, sino que obliga a ir hacia una determinada dirección a los gobiernos de las comunidades autónomas. Creemos que esta no es la Cámara que debe hacer este mandato imperativo; quien debe hacerlo es el parlamento de cada una de las comunidades, en este caso comunidades como Cataluña con una realidad nacional propia, con una voluntad de autogobierno y que quiere autoorganizarse. Por tanto, desde esta óptica mi grupo hoy se va a abstener ante esta toma en consideración de la proposición de ley defendida por el señor Puigcercós, no sin antes reafirmar desde esta tribuna la necesidad de implementar ese software libre, la necesidad, que comparto con el señor Puigcercós, de aprovechar ese mayor ámbito de libertad que frente al software comercial tiene el software libre, un ámbito de libertad que mi grupo no quiere dejar de defender, el que puede suponer que sea posible un mayor reconocimiento de la pluralidad lingüística en el ámbito de la Administración. Tenemos grandes déficit. Hoy se va a debatir también una proposición no de ley relativa a que todavía en la Administración general del Estado no todos los impresos están en todas las lenguas oficiales en el territorio de las comunidades autónomas. Por tanto, hay mucho camino por recorrer. Comparto esa necesidad en aras de defender esa mayor pluralidad, pero la redacción concreta de la proposición de ley hoy se aparta, se vulnera esa distribución competencial y mi grupo no lo comparte.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jané.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Pleguezuelos tiene la palabra.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señora presidenta. Señorías, la proposición de ley que hoy nos presenta el Grupo Mixto, Esquerra Republicana, sin duda plantea un debate muy oportuno, debate que se está produciendo en estos momentos en todos los países europeos, en el seno de la propia Unión Europea. Lo que plantea es bastante razonable para que tomemos finalmente una decisión clara en cuanto a si merece la pena o no implantar el software libre frente al software propietario, del que actualmente dependen prácticamente las administraciones públicas de todos los países. El problema se plantea en los términos de si son los gobiernos los que han de fomentar el uso de esos programas y de esos sistemas operativos abiertos, que además se pueden distribuir y modificar sin límites, o si,por el contrario, los gobiernos no deben hacer nada y han de seguir permitiendo que algunas administraciones públicas lo tengan, como lo viene haciendo la propia Administración general del Estado en algunos de sus ministerios, como el de Educación, el de Administraciones Públicas, el ICO, esta casa, que tienen soluciones de software libre. Hay que plantearse ese profundo debate: si queremos o no que los ciudadanos a través de las administraciones públicas sigan dependiendo, como hoy, del software propietario, que tiene copadas las administraciones públicas. Es un debate oportuno, que se debe producir en todas las comunidades y, por supuesto, también en el Parlamento de la nación, porque sin duda la utilización de los sistemas de código abierto presentan muchos aspectos positivos, muchas ventajas y algunas ya se han destacado aquí. Si estas ventajas se plantean para cualquier empresa, imagínense, señorías, lo que será para las administraciones públicas que, en definitiva, utilizan recursos de todos los ciudadanos.
Comparto, sin embargo, parte de la intervención del señor Jané en el sentido de que desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que lo que finalmente plantea el articulado, incluso parte de la exposición de motivos de la proposición del señor Puigcercós, no se ajusta a lo que es esa declaración de principios y esa idea inicial de la necesidad de que desde la Administración general del Estado se promueva el desarrollo y la utilización de esos programas abiertos, del software abierto, en las administraciones públicas. Tengo que anunciarle, señor Puigcercós, que vamos a apoyar la toma en consideración de esta iniciativa, porque, siendo verdad que el articulado no se corresponde -y ahora se lo iré desbrozando- con lo que parece el espíritu de la proposición de ley, tendríamos oportunidad de mejorar esta proposición presentando enmiendas para hacer entre todos una proposición de ley que finalmente fuese en beneficio de los intereses de todos los ciudadanos, porque sin duda ese es el objetivo. Señorías, compartimos, por tanto, el espíritu de esa proposición de ley porque compartimos que son muchas e importantes las ventajas que ofrece el uso del software libre. Son ventajas, sin duda -ya se ha dicho-, de tipo económico, de abaratamiento de costes, ventajas de carácter tecnológico y social, como también se ha indicado aquí, porque incentiva la innovación, aumenta la competencia y, desde luego, facilita la difusión de lo que son los avances tecnológicos y sus aplicaciones. Quisiera introducir aquí un elemento: fomenta y difunde no sólo el castellano, el vasco, el catalán, sino todas las lenguas que conviven en el Estado español, lo que podría ser una oportunidad que se utilizase en esta proposición de ley. No entendemos por qué el texto final de esta proposición de ley aborda y exige cumplimiento a unas comunidades autónomas y olvida a aquellas con lengua como el castellano. Parece que su interés exclusivamente es ese; lo comprendo pero la Administración general del Estado no puede olvidar una parte del mismo.
Voy a analizar algún tema muy por encima porque ya se han abordado en intervenciones anteriores. En toda proposición de ley se habla de imponer desde el Parlamento español un conjunto de medidas que han de cumplir las comunidades autónomas con lenguas oficiales distintas del castellano. Buenos ejemplos de ello son los artículos 2, 3 y siguientes. El fin mismo de la ley, en su artículo 1, señor Puigcercós, dice que sería fomentar y normalizar el uso de las lenguas oficiales del Estado distintas del castellano en las administraciones respectivas de las comunidades autónomas. Por tanto, no parece que nos encontremos ante una propuesta para favorecer el uso del software libre en la Administración del Estado, que es realmente desde donde deberíamos estar haciendo la propuesta, sino exclusivamente en la Administración de las comunidades autónomas con lenguas oficiales distintas del castellano. No debe ser este Parlamento el que imponga a un conjunto de comunidades autónomas obligaciones estrictas, sino que -coincido con el señor Jané- deben salir de los propios parlamentos de las comunidades autónomas. No sería lógico que este Parlamento obligara a otros parlamentos y a otras administraciones a utilizar el software libre en la Administración. Más todavía sorprende que esta propuesta sea derivada de un grupo como Esquerra Republicana de Cataluña, porque al final en el articulado de esta proposición de ley se están vulnerando las competencias autonómicas. El resto del articulado, como le decía antes, refuerza el fin y a los afectados de esta proposición de ley y, consecuentemente, no estamos de acuerdo con la misma.
Decíamos al principio que tendríamos oportunidad de enmendarla, aunque estamos de acuerdo con la idea fundamental, con la filosofía que prima de que paulatinamente hagamos en España lo que ya se están planteando otras administraciones. Extremadura, sin ir más lejos, está dando soluciones y creando su propio sistema operativo de software abierto, y es una comunidad autónoma. La Administración general del Estado puede y debe trabajar en esa línea, porque al final hay que buscar soluciones mixtas que nos permitan dar la mayor rentabilidad posible, tanto en los avances tecnológicos como en los recursos que vamos invirtiendo en investigación.
Como no se trata de imponer unilateralmente una obligación a las comunidades autónomas con lengua distinta del castellano y a las otras no, enmendaríamos esta iniciativa del Grupo Mixto. Sin embargo, no siempre es oro todo lo que reluce, señoría, y también es obligación de esta Cámara hablar de ello. No todo son ventajas en el software, también existen y conviven todavía serios inconvenientes. No hay soporte oficial. Hoy por hoy nadie garantiza el mantenimiento y el desarrollo del producto, porque queda a la voluntad de la comunidad que trabaja en el software libre. Por tanto, todavía hay soluciones, estudios que realizar. Sería importante que esta proposición de ley hoy fuese apoyada por el Grupo Popular, porque abre un debate oportuno, importante, en el que deberíamos encontrar la solución. Le tengo que decir que, si no es así, tendremos que seguir trabajando en esta línea, porque la solución, hoy por hoy, es la senda que sigue Europa, la de estudiar estos avances tecnológicos, buscar las mejores soluciones para los ciudadanos de nuestro país, en este momento para los españoles y españolas, y, desde luego, fomentar el uso del castellano y del resto de las lenguas que conviven en el Estado español. Utilizar el software libre con todas las ventajas que ofrece para la comunidad y para la investigación no sería, ni más ni menos, que apostar por la tecnología, por los avances de nuestra sociedad y, en definitiva, no cerrar las puertas, como últimamente viene haciendo desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y lo lamento, el Gobierno del Partido Popular.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Pleguezuelos.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Moreno.
El señor MORENO BONILLA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, Esquerra Republicana de Catalunya nos trae hoy a la Cámara una iniciativa que es ampliamente debatida por distintos sectores de la sociedad, no sólo por el mundo de las nuevas tecnologías y el mundo de la informática sino por el conjunto de los ciudadanos españoles. El software abierto ha sido motivo de numerosos pronunciamientos por parte de muchos colectivos e incluso por parte de la mayoría de las empresas de alta tecnología del mundo, como IBM, Microsoft, Apple, etcétera. El software libre, como bien ha explicado el señor Puigcercós, tiene numerosas ventajas. Nos consta que un elevado porcentaje de servidores de web en el mundo ya utilizan el sistema GNU/Linux, basado en este tipo de software. Son indudables las ventajas económicas, estratégicas y sociales que aporta este sistema y que redunda en la optimización de las inversiones, en el fomento de la innovación tecnológica y en la independencia del proveedor, que aporta la seguridad y la privacidad de los datos al disponer del código de fuentes del programa. Por otra parte, todos sabemos del interés de la Unión Europea en este asunto. Ello queda patente en la reciente comunicación de la Comisión Europea al propio Consejo, en el que le indica la importancia de los programas de fuentes abiertas que se consideren claves para facilitar la interoperatividad y, en particular, para reforzar la confianza de los productos descifrados.
Como acciones concretas que el Gobierno de la nación está llevando a cabo, puede citarse el estudio de la utilización de los programas de fuentes abiertas en el sector público, acometida dentro del programa IDA, intercambio de datos entre administraciones, y que desarrolla líneas de trabajo en este ámbito, en el que el Ministerio de Administraciones Públicas está trabajando. La Administración general del Estado, a través del Consejo Superior de Informática, ha publicado los criterios de seguridad, normalización y conservación. En dicha publicación, que SS.SS. pueden visitar en la web del propio Ministerio de Administraciones Públicas y, en concreto, en el capítulo undécimo de la parte dedicada a normalización, puede consultarse todo lo relacionado con programas y aplicaciones de fuentes abiertas. Asimismo, en el punto 6.4 del apartado dedicado a conservación, se encuentra, entre otras recomendaciones, la de adoptar una implantación de programas y aplicaciones de fuentes abiertas en aquellos ámbitos donde pueda haber soluciones de este tipo que satisfagan las necesidades y requisitos del sistema. Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular, asumimos claramente las ventajas que aporta la progresiva sustitución del software de licencia propietaria por el de carácter libre o abierto. Sin embargo, señorías, esta proposición de ley que nos presenta Esquerra Republicana de Catalunya carece a nuestro juicio de un mínimo de calidad legislativa desde un punto de vista técnico. Una de las dificultades principales de la proposición de ley radica en la articulación entre los fines perseguidos y las medidas que la proposición contempla. Asimismo la proposición de ley establece una relación causa efecto para la implantación del software abierto que está lejos de ser tan cierta como asegura el proponente. El propio desarrollo del articulado no responde al objetivo declarado en el título que, como le recuerdo a S.S., es: implantación del software libre en la Administración del Estado, y lo confunde con otros aspectos como el uso de lenguas cooficiales, que si bien son de gran importancia y sin duda alguna reconocemos la riqueza de su uso, no debe constituir el objeto principal de esta proposición de ley, sino que debiera entenderse, al igual que otros aspectos, como complemento de la misma.
Si seguimos analizando el articulado de esta proposición de ley, no encontramos ningún entronque con la Ley 30/1992, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en concreto con su artículo 45, apartado 1, ni con el Decreto 263/1996, de 16 de febrero, que lo desarrolla, que trata precisamente de la recomendación de impulsar el empleo y las aplicaciones de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos. El ámbito de aplicación de la norma resulta confuso, puesto que en propio título se indica: implantación del software libre en la Administración del Estado, y en el texto articulado se hacen numerosas referencias a las comunidades autónomas y administraciones locales, concretamente en los artículos 2, 3, 4 y 7, lo que puede significar una clara intromisión en las competencias de éstas. Ahondando en el texto que usted nos presenta, en los artículos 3 y 6 se establece con mucha fuerza el concepto de obligatoriedad mezclado con otros elementos que anulan y confunden el alcance real de la norma que se promueve. La redacción del artículo 3, que se refiere a estar obligado a usar preferentemente el subsistema y equipamiento informático software libre en lengua oficial distinta al castellano, combina dos términos que se contrarrestan por sí mismos. Señor Puigcercós, ¿cabe entender, por tanto, según la redacción de estos artículos de su proposición de ley, que es mejor utilizar un software propietario si esta es una lengua distinta del castellano que utilizar un software libre en esta lengua oficial? En cuanto a los artículos 4 y 7 y la disposición adicional, todas las actividades con regulación, promoción y difusión de programas y aplicaciones del código fuentes abiertas en el ámbito de la Administración general del Estado, así como la coordinación de las líneas de trabajo que en dicha materia se establezcan con otras administraciones públicas, deben estar claramente asociadas a las competencias del Consejo Superior de Informática como órgano colegiado con competencia en el desarrollo de la política informática del Gobierno para el impulso de la administración electrónica.
En otro sentido y aunque las ventajas teóricas del software libre sean más que evidentes -y así lo reconoce este grupo parlamentario y el propio Consejo Superior de Informática del Ministerio de Administraciones Públicas-, la idea de avanzar en dicho camino mediante la propuesta de convertir a la Administración pública en el campo de ensayo de experimentación práctica del software quizá no es lo más recomendable. Una cosa es que la Administración esté dispuesta -como de hecho lo está- a dedicar recursos y esfuerzos para desarrollar el software libre y otra muy distinta es que se establezca la obligación a priori de que las administraciones públicas utilicen forzosamente el software libre sin examinar previamente las distintas necesidades que deben satisfacerse y las posibles soluciones que existen en el mercado.
En conclusión, señoría, a pesar de estar conforme con la aplicación progresiva del software libre, el Grupo Parlamentario Popular no puede aceptar esta proposición de ley, porque a nuestro juicio esta iniciativa es fruto de una improvisación, quizá de una falta de rigor, y, como ya he expresado en los comentarios sobre el propio articulado, cabe destacar que una ley de esta índole debe estar más trabajada, más desarrollada y más elaborada, cosa que no ocurre con esta proposición de ley, como queda patente en el hecho de que cuente con tan sólo diez artículos. En definitiva, recomendamos al grupo proponente que reflexione y que valore las consecuencias que para el interés público pueda tener la implantación de una norma de este calibre, por lo que cabría desarrollar la propuesta hasta alcanzar un nivel de madurez y de coherencia adecuado al previsible impacto de la propuesta. El Grupo Parlamentario Popular y el propio Gobierno de la nación están en la línea de ir aplicando progresivamente el software libre. Coincidimos plenamente en esa necesidad y en la ventaja que sin lugar a dudas tiene dicha implantación, pero una ley de esta complejidad, de tanta notoriedad pública y de tanto nivel de compromiso de la Administración pública requiere de reflexión y de un proyecto de ley ampliamente elaborado y consensuado, cuyo articulado haya sido ampliamente trabajado y que no entre en colisión con las competencias de otras administraciones públicas como son las comunidades autónomas o las corporaciones locales. Se necesita una ley sobria que esté elaborada al amparo de lo que se está desarrollando en otros países, al amparo de las necesidades reales de los ciudadanos y de las necesidades que tenga la sociedad y la propia Administración. En definitiva, señoría, el Grupo Popular sí está a favor de la implantación del software libre, no lo está respecto a esta proposición de ley, por entender que tanto su articulado como su propio desarrollo son fruto de la improvisación y de una falta de planificación en su elaboración.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Moreno.
Señorías, se somete a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Mixto, señor Puigcercós, sobre medidas para la implantación del software libre en la Administración del Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 116; en contra, 154; abstenciones, 17.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.